¿Valió la pena?

Hay ocasiones en las que uno como escritor, periodista o simplemente, observador de la realidad que nos rodea, debe preguntarse “¿qué sentido tiene todo esto?”. Sin intentar caer en un nihilismo desaforado o un pasotismo despreocupado, es cierto que en ocasiones la sociedad tiene muy difícil afrontar la vida de una forma optimista. A diario nos rodean noticias descorazonadoras, en las que nos hablan de la guerra, del alza infinita de los precios, hoy por una excusa, mañana por otra, de la corrupción política, del aumento del fascismo en España…

En la segunda década del milenio (2010-2020) vivimos una etapa de politización intensa de la sociedad, con movimientos sociales en todo el mundo, crecientes e influyentes a nivel político y social, que en España suposo nada menos que el fin del bipartidismo. En la televisión, por poner un ejemplo, vimos como los programas que hablaban de política substituían a los programas del corazón los sábados por la noche. Pero con anterioridad, las redes sociales se inflamaron, las calles se llenaron de gente, comenzaron las grandes manifestaciones y, como consecuencia, la contrareforma legislativa para considerar terrorismo (o casi) cualquier tipo de protesta social. Lo que se intentaba cambiar en las redes y las calles, se mantenía a golpe de decreto en los palacios y parlamentos.

Tras años de una durísima crisis, la sociedad comenzó a recuperar mínimamente (muy mínimamente) su poder económico, aunque no sus derechos sociales, ya que todas las leyes aprobadas durante la crisis, allí siguen, sin derogar y, algunas, sin haberse modificado ni una coma. Además, con la recuperación cambiamos los informativos por Netflix y cambiamos un Twitter cada día más tóxico por un Instagram de luz y de color que nos enseña únicamente lo bueno de la vida y los morritos de quienes están visitando parajes o quedando con los amiguis. Cambiamos el activismo político por el postureo ególatra y con él, lo dejamos todo de nuevo en manos de los partidos políticos, de las grandes compañías y de un poder Judicial que con los años se ha convertido en un ente voraz, hambriento de poder.

De hecho, ha sido capaz de influir en elecciones, de actuar activamente contra determinados sectores de la sociedad y conspirar junto a policías patrióticas para difamar y encarcelar a quienes consideran disidencia política. Un negocio excelente si eres de ultraderecha, quizá no tanto si tus ideas son otras.

En definitiva, hemos pasado 10 años en los que se podría haber conseguido mucho políticamente y no se acabó de conseguir demasiado. Las predicciones de los grandes popes de la politología son que la izquierda tiende a lo que tiende siempre, a dividirse, y la derecha a hacerse más fuerte, sustituyendo unos radicales de pacotilla y chaquetas vistosas por los radicales de ultraderecha franquista. No se me parece un gran negocio, sinceramente.

Pero este artículo, que conste, no se ha escrito para criticar a quienes llenaron las calles y movilizaron en las redes durante estos 10 años. No se puede ser activista toda la vida, y de hecho serlo más de 5 años ya es todo un logro. Este texto es una reflexión algo pesimista sobre cómo estamos y lo fácil que nos hemos adaptado a una sociedad exageradamente peor, con la vieja premisa del “Pan y circo”, que podría sustituirse por “trabajo precario y Netflix”.

Y de ahí volvemos a la premisa inicial. ¿Valía la pena este camino? ¿Valieron la pena los centenares de manifestaciones, protestas, para acabar como hemos terminado? Mi respuesta sin duda es “sí, desde luego, valieron la pena”. Porque esos que protestaron contra la precariedad laboral, la escasez de oportunidades, la falta de trabajo, aprendieron a movilizarse, a organizarse y a no aceptar el café para todos que se nos ofreció durante décadas.

Y, aunque algunos crean que no, fueron un ejemplo para las generaciones de jóvenes que hoy están más preocupadas por la ya inevitable emergencia climática y por su falta de futuro que por jugar a videojuegos. Y solo por eso, ya valió la pena.

El relato de la violencia

Durante esta semana hemos visto como ataques indiscriminados a una ciudad han sido utilizados para demonizar al movimiento independentista de una forma perfectamente estudiada. Ante la lógica reacción de una población (al menos, 2 millones de personas) a quien han condenado a años de cárcel a sus líderes políticos, se ha montado con semanas de adelanto una campaña de desprestigio con el envío de fuerzas de seguridad desde toda España. Los miles de policías que han llegado a Cataluña, lejos de venir a proteger a la población, han ejercido la violencia indiscriminadamente, de forma aleatoria en manifestaciones cuyo gran delito ha sido sentarse en el suelo. La campaña continuó con la amenaza de la aplicación de la ley de Seguridad Nacional, si los Mossos no obedecían las órdenes políticas del Ministerio y actuaban como y junto a la Policía Nacional apaleando a la población.

Tras la sentencia y las protestas en el aeropuerto del Prat, Barcelona lleva acosada por al menos un centenar de radicales que cortan sus calles, crean barricadas y queman contenedores de forma sistemática cada noche. En todo el país hemos visto el mismo tipo de individuos despreciables atacar las manifestaciones de apoyo a Catalunya (en Madrid, Valladolid, Burgos, Valencia, Asturias y otros lugares). En toda España hemos visto agresiones a ciudadanos que salían a protestar, como ya ocurrió durante el 15M, con la salvedad de que ahora las fuerzas de seguridad se amparan en la Ley Mordaza para atacar impunemente (así se sienten, impunes) a manifestantes pacíficos, afirmando que sentarse en el suelo es violencia.

Esa impunidad ha provocado también más de una treintena de ataques indiscriminados a periodistas que intentaban reflejar esa violencia desatada de las fuerzas de seguridad, para evitar que hicieran su trabajo. Incluso se ha llegado a detener a un fotoperiodista de El País, denunciado por algunos periodistas y medios pero absolutamente ocultado por otros, los más cercanos al régimen. Incluso algunos compañeros de profesión han justificado las agresiones a periodistas con el clásico "si es que os lo andáis buscando, coño, no vayas si sabes que te van a dar". Para que luego hablen de corporativismo...

Además, se da una situación social distinta a la de hace unos años, en la que los jóvenes catalanes han visto cómo se ha comportado el Estado con ellos, qué han hecho con sus líderes y con sus ganas de votar un referéndum y, con cierta lógica, se han hartado. Existe un tuit que lo que define muy acertadamente: "La Policía se esperaba a las abuelas que apalearon el #1oct, pero se han encontrado con sus nietos". Son chicos hartos de ser maltratados por el Estado, ninguneados, tratados como menores mentales y laboralmente precarizados por una reforma laboral que ha tirado por el suelo su derecho de tener un futuro económico mínimamente aceptable.

Estos jóvenes se acercan a la calle para protestar y son no sólo víctimas de la violencia policial, sino también acusados de ser responsables de destrozar Barcelona. Es además un relato muy fácilmente vendible en el resto del Estado, que con el mantra de los CDR y el tsunami democràtic (todo mezclado, como si fueran la misma cosa, que no lo son) y añadiéndole un falso mensaje de terrorismo (el eterno y añorado por algunos terrorismo que tanto rédito político dio a la derecha española desde los 90), se recupera el mensaje del abertzalismo que tanto triunfó en toda España durante décadas y de nuevo tras la aparición del también pacífico 15M. Estos jóvenes, que como muchos se ven atraídos por la idea de pelear contra las injusticias, son víctimas de una campaña que se aprovecha de su indignación para pintarlos como lo que no son. No son los primeros y no seran los útlimos.

Toda esta situación, sumada a la indefinición de una aplicación tan oscura como efectiva como "Tsunami Democràtic" que promueve la desobediencia civil, no el terrorismo a pesar que la Fiscalía les investigue por ello, sumado a un Govern català desgobernado, inoperante y exasperantemente paralizado por decisión propia, sumado también a un ministro del Interior (que siendo juez se negó a investigar las torturas policiales a los detenidos bajo su custodia) cuya única misión hasta ahora ha sido echar gasolina al fuego, presenta un lienzo en el que el objetivo principal es dibujar un cuadro en el que se señala al independentismo como un movimiento violento. Eso, que no ha sido conseguido en casi una década, es posible que algunos empiecen a comprarlo.

Por que seamos sinceros, si hay gente que se ha creído que subirse a un coche policial (aparcado a propósito frente a una manifestación) es sedición y se han producido condenas de 9 años de cárcel, ahora con esto se creerán lo que sea. Y si hay que arrasar una ciudad para eso, se hará, porque el objetivo es que el Estado y el Status Quo se mantenga a toda costa, incluso si es necesario todas las acciones antidemocráticas que he descrito en este artículo.

Se nos viene un panorama muy negro en el futuro, en el que el resultado final probablemente será un gobierno de ultraderecha, que podría llegar a llevar a este país con el tiempo a una nueva dictadura, que algunos se negarán a reconocer porque sabrán que no habrán hecho nada para impedirla. Porque la sentencia les parecía "adecuada a derecho".

Ley de Represión

No me gusta hablar de leyes porque no soy abogado, ni experto en estos temas, pero la música que suena en el anteproyecto de la mal llamada "Ley de Seguridad Ciudadana" tiene una melodía muy parecida a las leyes de represión de antaño. No es por hacer el símil barato de PP=Franquismo, pero lo cierto es que este partido demuestra ley a ley y declaración a declaración, que prefiere amenazar con endeudar a la población de por vida si se manifiestan contra el sistema a mantener la libertad de expresión y manifestación. Esa locura de la que que algunos demócratas estamos tan orgullosos, el poder decir lo que pensamos, tanto en las redes como en las calles. 

Esta nueva versión de la Ley de Vagos y Maleantes sancionará con entre 30.001 y 600.000 las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados y los escraches (aunque ya hace meses que no se produce ninguno) "siempre y cuando no se comuniquen previamente e independientemente estén o no los diputados reunidos", es decir, los participantes en cualquier manifestación espontánea podría recibir multas que les endeudarían de por vida, al tratarse de una infracción administrativa muy grave. Pero no sólo eso, porque quienes la convoquen en las redes sociales, recibirán el mismo castigo económico, con lo ambiguo que puede ser el término "convocar" en una red social. Básicamente, todo esto puede resumirse en lenguaje llano como la clásica REPRESIÓN de toda la vida. 

Recibirán el mismo castigo (entre 30.001 y 600.000 euros de multa) aquellas personas que usen imágenes y fotografías de miembros y cuerpos de Fuerzas y Seguridad del Estado, es decir, se pena a aquellos ciudadanos que graben o fotografíen a los policías, para evitar, ni más ni menos, poder demostrar casos como la paliza al empresario gay de Barcelona asesinado por un grupo de Mossos, las cargas desproporcionadas e injustificadas en manifestaciones del 15M y de cualquiera de sus mareas o las agresiones policiales a ciudadanos, como las sucedidas en la estación de Atocha de Madrid el 25 de septiembre de 2012. De nuevo, REPRESIÓN y legislación para evitar la persecución judicial del brazo armado del poder político.

También serán castigadas, con multas de entre 1.001 y 30.000 euros, las alteraciones del orden público usando capuchas o gorros para evitar la identificación o las amenazas, coacciones o vejaciones (lo que sería insultar) a los policías, al considerarse infracciones administrativas graves. Imagino que a los policías infiltrados que alteraron el orden público en varias manifestaciones se les caerá el pelo si vuelven a hacerlo (Modo Ironía ON, por si no se había notado). He dejado en el tintero muchos temas que trata esta ley, pero podéis leer sobre ella más a fondo en estos artículos de ElDiario.es, El País o El Mundo.

Probablemente, la ley se va a aprobar este viernes, a falta de pasar por varios ministerios, pero parece bastante claro que con la mayoría absoluta de PP no se va a modificar en demasía (por no decir casi nada). Si nos manifestamos, es posible que la retrasen una o dos semanas, como ya sucedió con la ley de Educación de Wert, pero la acabaran aprobando de todas formas. Y España seguirá incesantemente caminando hacia una dictadura, ley a ley, día a día, en la que estará penado manifestarse, en la que se seguirán robando derechos uno a uno y en la que, cuando el gobierno del PP se marche, costará mucho volver a dejar el Estado como estaba, ya que muy posiblemente apenas quede nada de él.

Como decía esta mañana @Arma_pollo en Twitter...