No me gusta hablar de leyes porque no soy abogado, ni experto en estos temas, pero la música que suena en el anteproyecto de la mal llamada "Ley de Seguridad Ciudadana" tiene una melodía muy parecida a las leyes de represión de antaño. No es por hacer el símil barato de PP=Franquismo, pero lo cierto es que este partido demuestra ley a ley y declaración a declaración, que prefiere amenazar con endeudar a la población de por vida si se manifiestan contra el sistema a mantener la libertad de expresión y manifestación. Esa locura de la que que algunos demócratas estamos tan orgullosos, el poder decir lo que pensamos, tanto en las redes como en las calles.
Esta nueva versión de la Ley de Vagos y Maleantes sancionará con entre 30.001 y 600.000 las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados y los escraches (aunque ya hace meses que no se produce ninguno) "siempre y cuando no se comuniquen previamente e independientemente estén o no los diputados reunidos", es decir, los participantes en cualquier manifestación espontánea podría recibir multas que les endeudarían de por vida, al tratarse de una infracción administrativa muy grave. Pero no sólo eso, porque quienes la convoquen en las redes sociales, recibirán el mismo castigo económico, con lo ambiguo que puede ser el término "convocar" en una red social. Básicamente, todo esto puede resumirse en lenguaje llano como la clásica REPRESIÓN de toda la vida.
Recibirán el mismo castigo (entre 30.001 y 600.000 euros de multa) aquellas personas que usen imágenes y fotografías de miembros y cuerpos de Fuerzas y Seguridad del Estado, es decir, se pena a aquellos ciudadanos que graben o fotografíen a los policías, para evitar, ni más ni menos, poder demostrar casos como la paliza al empresario gay de Barcelona asesinado por un grupo de Mossos, las cargas desproporcionadas e injustificadas en manifestaciones del 15M y de cualquiera de sus mareas o las agresiones policiales a ciudadanos, como las sucedidas en la estación de Atocha de Madrid el 25 de septiembre de 2012. De nuevo, REPRESIÓN y legislación para evitar la persecución judicial del brazo armado del poder político.
También serán castigadas, con multas de entre 1.001 y 30.000 euros, las alteraciones del orden público usando capuchas o gorros para evitar la identificación o las amenazas, coacciones o vejaciones (lo que sería insultar) a los policías, al considerarse infracciones administrativas graves. Imagino que a los policías infiltrados que alteraron el orden público en varias manifestaciones se les caerá el pelo si vuelven a hacerlo (Modo Ironía ON, por si no se había notado). He dejado en el tintero muchos temas que trata esta ley, pero podéis leer sobre ella más a fondo en estos artículos de ElDiario.es, El País o El Mundo.
Probablemente, la ley se va a aprobar este viernes, a falta de pasar por varios ministerios, pero parece bastante claro que con la mayoría absoluta de PP no se va a modificar en demasía (por no decir casi nada). Si nos manifestamos, es posible que la retrasen una o dos semanas, como ya sucedió con la ley de Educación de Wert, pero la acabaran aprobando de todas formas. Y España seguirá incesantemente caminando hacia una dictadura, ley a ley, día a día, en la que estará penado manifestarse, en la que se seguirán robando derechos uno a uno y en la que, cuando el gobierno del PP se marche, costará mucho volver a dejar el Estado como estaba, ya que muy posiblemente apenas quede nada de él.
Como decía esta mañana @Arma_pollo en Twitter...
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