Últimamente se habla mucho del referéndum sobre la independencia de Cataluña, cuyo debate, por cierto, es un tanto absurdo por varias razones.
En primer lugar, y lo más importante, los referéndums en España son consultivos. Es decir, no vinculantes. Ante tal perspectiva no entiendo sinceramente por qué Rajoy y el Gobierno están tan a la defensiva porque, aunque se debata algo que desde luego no gusta en muchas partes del país, en primer lugar el referéndum se debería ganar. En segundo lugar, si ese referéndum se ganase por parte de los independentistas, no tendría ningún tipo de trascendencia legal, ya que como hemos dicho, es consultivo, es decir, no vinculante. El Gobierno no tiene ninguna obligación en ejecutar lo que la población catalana elija en esa referéndum. Y conociendo a Rajoy, aunque tuviera la obligación tampoco lo haría. Políticamente, en términos legislativos, es un acto estéril. Demostrativo de lo que quiere la sociedad catalana, desde luego, pero en términos de obligatoriedad para el Gobierno, nulo completamente. La postura del Gobierno es, en todo caso, cobarde por no permitir expresarse a una parte del país. Una vez más, las convicciones democráticas de este Ejecutivo quedan en duda, como poco.
Por el lado independentista, en el que me encuentro personalmente, tampoco veo razón alguna por vender tanto la moto con el asunto. Ya me chirrió el 9-N (que sirvió a Convergència para coger fuerza y al PP para iniciar un camino de persecución legal que jamás debió tomar), y me ha chirriado también este referéndum. No porque no lo vea necesario para el camino a la independencia, sino porque tras el 9-N, la voluntad de la gente en Cataluña ya quedó clara. Una repetición, un nuevo retraso, un nuevo "fer bollir l'olla", en clave más partidista que de intención real de conseguir la tan ansiada independencia.
Aún así, el Gobierno de España ha tomado un giro tristemente esperado, la persecución judicial de todo aquel que intervenga en la realización del referéndum. Hasta el punto de amenazar veladamente a los fabricantes de urnas, que simplemente quieren ganar dinero haciendo su trabajo. Desde luego, no es la reacción de un Gobierno democrático, sino el de un Estado policial y represor que ilegaliza todo aquello que no le gusta. Sean independentistas, manifestantes pacíficos o movimientos de izquierdas.
España está en su peor estadio, el de una máscara rota que muchos se pusieron y asimilaron en el 78, por razones distintas. Esa ruptura de la máscara está mostrando lo que muchos no quisieron ver durante los últimos 40 años: La prácticamente nula separación de poderes del Estado, la inefectividad y la absoluta falta de recursos de la Justicia o la esterilidad ideológica y la subyugación al sistema del PSOE. Eso, sumado a un Partido Popular infestado con 800 imputados por corrupción y una absoluta falta de cultura democrática por parte de la clase política (y por añadidura, también de la sociedad que les apoya), nos deja un país podrido del que muchos, sean o no catalanes, se quieren marchar por pena, asco, rabia o desprecio.
En el 78 se creó un país, no para ser realmente democrático, inclusivo y plural, sino para ser la continuación de un régimen totalitario y corrupto, en el que la mayoría absoluta significa la subyugación de la oposición y carta blanca durante 4 años. Una dictadura cuatrienal en el que sólo dos partidos tendrían opciones reales de gobernar. En definitiva, una dictadura encubierta con medios de comunicación privados semicontrolados y colaboracionistas.
En definitiva, y volviendo al referéndum, estamos ante un juego de estrategias para justificar unas posturas u otras, para demostrar a Europa las intenciones políticas de un lado y del otro, pero no para conocer realmente lo que desea la población catalana. El referéndum es una herramienta política para lograr un objetivo, cuyo resultado es lo de menos.
